Se pregunta hoy Almudena Grandes en su columna en El País de qué exactamente fue modelo nuestra transición. Una pregunta que, en efecto, parece pertinente 32 años después, cuando se confirman las carencias del texto en lo que a la organización territorial, relaciones Iglesia-Estado, y sobre todo en lo que a la legislación electoral se refiere.
Mucho se ha hablado y escrito en los últimos años sobre una Ley Electoral que deja muda y sin representación a una buena parte del electorado, que condiciona los pactos de gobernabilidad siempre en una dirección única y, en consecuencia, limita la posibilidad real de determinadas políticas al tiempo que sana un sistema en el que, como grandes beneficiados, nadan cómodos los dos partidos mayoritarios.
Tengo claro que esa reforma de la Ley Electoral que no va a llegar porque ni PP ni PSOE la quieren es una exigencia para la salud democrática de nuestro país, porque ni es justo ni es bueno para el funcionamiento del sistema un reparto de escaños que da una sonora bofetada a los votantes de Izquierda Unidad y un pequeño pescozón a los de UPyD (atendiendo a los resultados del 2008) y que sobre todo en lo referente a IU deja en una situación casi marginal a una opción que sin embargo ha sido la elegida por un millón de españoles.
Suscribo en principio la propuesta realizada por alguien que de la Constitución sabe mucho, Gregorio Peces Barba, quien considera que se podría afinar mucho el resultado final añadiendo un Colegio Nacional de Restos; esto es, añadir a las circunscripciones tal y como están ahora una lista de 50 diputados más que se elegirían a nivel nacional y se adjudicarían con los votos de cada circunscripción que no hubieran servido para la atribución de escaños. Es una reforma fácil, con un encaje perfecto en la Constitución, y que además serviría también para liberar (dentro de los grandes partidos) a las organizaciones territoriales del terrible peso de los fontaneros, para permitir que, en efecto, un diputado por Cantabria fuera un diputado por Cantabria, en contacto permanente con su territorio y atento a sus necesidades.
Una reforma más compleja se ha puesto también sobre el tapete, creo que por expertos en Constitucionalismo de la Universidad de Granada. Incluye una modificación en el reparto de escaños por provincias y una adjudicación en tres fases que permite una corrección bastante ajustada al porcentaje de voto real. Su principal problema reside en el hecho de que necesita 420 diputados para ser posible, y esa cifra obligaría a una modificación constitucional (en todo caso ¿por qué no esa modificación?). Os adjunto un enlace donde explican este segundo sistema y lo aplican a los resultados del 2008:
En fin, que el trabajo está por hacer y resulta muy difícil si no hay un cambio en la actitud de PSOE y PP. Pero desde este blog quiero dejar constancia de que la reforma electoral es justa, necesaria, saludable y democrática, necesaria e inaplazable. Pese a quien pese y beneficie a quien beneficie.
1 comentario:
Tu sabes, Rukaegos, que modificar la Ley Electoral es siempre un tema difícil porque cualquier reforma posible afectaría algo a los dos grandes partidos y de paso afectaría más a la estabilidad de mayorías parlamentarias que apoyan a un gobierno. La fórmula de Peces Barbas de un lista nacional para los restos (en Alemania existe algo similar) podría ser una solución bastante razonable.
Publicar un comentario