NO HAY QUE SER UN LINCE ...

No, claro que no hay que ser un lince para darse cuenta de la manipulación y demagogia que late, qué raro, bajo la "modesta" campaña de la Conferencia Episcopal Española contra la iniciativa de modificar la interrupción voluntaria del embarazo. Ni para darse cuenta de lo caduca que está ya su argumentario.

Voy a obviar o dejar de pasada dos detalles. El primero, que por supuesto la Iglesia Católica tiene el derecho a pensar y creer lo que prefiera, tiene todo el derecho a explicar a sus fieles cómo deben actuar en las diversas circunstancias de la vida; pero también que sus fieles tienen igualmente el derecho a elegir esa recomendación u otras, y que lo que no vale es el intento de imponernos leyes que obliguen a seguir esas pautas a quienes no comulgamos con sus creencias. Quede claro, pues, que si tras escuchar a su director espiritual una mujer decide no abortar de manera libre y consciente, me parece una decisión estupenda y, sobre todo, suya. El segundo, que las imágenes de la campaña me parecen poco afortunadas, primero porque el niño de varios meses que aparece en la foto poco o nada tiene que ver con la IVE, y desde luego está mucho más protegido que los linces, y además porque al mezclar churras y merinas parece insinuar que los dineros invertidos en protección de nuestro patrimonio natural están siendo escamoteados a la infancia. Y claro, teniendo en cuenta la alarmante situación de tantas especies en general y del lince ibérico en particular (si no recuerdo mal la población actual está en unos 30 individuos 30), no creo que sea justa ni conveniente la propuesta. Pero como antes dije, en nuestro país hay libertad de expresión, lo que significa que dentro de los límites marcados por la ley al ejercicio de este derecho, Martínez Camino puede decir lo que le venga en gana, los medios reproducirlo con la profusión y relevancia que siempre dan a la Iglesia Católica (esa que al parecer está tan perseguidísima y tan ocultadísima, pobre), y hacerlo con la campaña publicitaria que mejor les cuadre. Pero, por cierto, entonces ellos, a pesar de su siempre fácil doble moral, de su embudo habitual, tendrán que reconocer que los demás también podemos expresar nuestras ideas, y de que podemos en consecuencia criticar sus campañas y sus posicionamientos públicos.

Dicho, o mejor escrito, ésto (Quod scripsi, scripsi) y como parece importante tomar posición estos días sobre la interrupción voluntaria del embarazo, voy a apuntar algunas reflexiones que me parecen imprescindibles.

La decisión de abortar le corresponde a la mujer embarazada en el uso de su libertad personal y en la defensa de su integridad moral y de su salud sexual. No me parece pertinente continuar con una ley de supuestos tasados que, por un lado, alienta una sociedad hipócrita que un día articula caminos secundarios para rodear lo planteado por la legislación y por otro deja bajo sospecha permanente a tantos profesionales de la medicina y a tantas mujeres que han decidido que en ese momento, en esa circunstancia, no querían ser madres. Y por eso, en una defensa a ultranza de la capacidad de la mujer para tomar esa decisión, creo que hemos esperado ya demasiado tiempo para establecer una ley de plazos que marque con claridad cuándo es posible optar por la IVE y además hacerlo sin riesgos ni costes añadidos con la garantía de la sanidad pública. Me parece, pues, esencial que el debate se centre en el verdadero eje de la propuesta: la libertad de las mujeres, la capacidad de las mujeres, la madurez de las mujeres para tomar las decisiones que afectan sobre todo a sus vidas y sus proyectos de crecimiento. Una ley de plazos no es, aunque ciertos sectores no parezcan entenderlo, obligatoria para nadie y es necesaria para muchas mujeres.

De entre los puntos polémicos, entre los firmantes de la llamada Declaración de Madrid, me ha sorprendido que retomen la vieja idea de que antes de someterse a un aborto la mujer debe ser evaluada por un especialista o una comisión que le proponga alternativas. Y eso nace en los mismos ámbitos sociales que más resisten a la existencia de una buena educación sexual desde la escuela y de una información abierta. Pero lo que me echa para atrás en esa afirmación es una gran pregunta: ¿siguen pensando que las mujeres son tontas y no saben lo que hacen, ni tienen responsabilidad ni capacidad para articular sus decisiones sin que ellos las tutoricen? Las mujeres son mayores de edad hace mucho tiempo. Y el paso de interrumpir un embarazo no se toma, como algunos parecen empeñarse, ni de forma inconsciente y frívola, ni sin haber medido mucho las consecuencias. Abortar es una experiencia siempre dura y dolorosa, y nadie mejor que ellas lo sabe.

El otro punto que anda por todas partes es la propuesta de la comisión de expertos de permitir, aun sin conocimiento o consentimiento de sus progenitores, que se sometan a una IVE a las mujeres a partir de 16 años. Como seguimos intentando negar o invisibilizar que las personas adolescentes son seres sexuados y sexuales, parece que sigue siendo un tabú terrible. Pero la ley de autonomía del paciente establece que un chico o chica de 16 años puede someterse a cualquier tratamiento médico, por peligroso que sea, aunque no cuente con la autorización de quienes ostenten la patria potestad. Pueden también donar órganos sin esa autorización. Y no parece de recibo que la ley considere responsables para arriesgar su vida o someterse a intervenciones quirúrgicas delicadas a personas de 16 años y luego proponga como excepción la interrupción del embarazo. ¿Quieren decirnos quienes se irritan ante esta propuesta que una chica de 16 años está capacitada para ser madre, para tomar la decisión de ser madre, y no lo está para decidir no serlo? Hay algo que se me escapa en esa posición.

Desde este Santander posible estaremos atentos al debate abierto mejor que a la polémica. Pero siempre en apoyo del ejercicio de la libertad de las mujeres, de cada mujer, en un problema que les añate principalmente a ellas. Sí a una sexualidad responsable, sí a una educación sexual continuada y rigurosa, sí a una salud sexual cuidada y que preste especial atención a la adolescencia. Sí también a una ley de plazos que de una vez garantice y proteja el derecho de la mujer a elegir y decidir.