No deja de sorprenderme la alegría con la que políticos y medios parecen haber acogido la noticia de que, por fin, con casi cuatro años de retraso, será posible renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Senado. Porque el precio que estamos pagando por el terrorismo institucional del Partido Popular es demasiado alto, y porque en realidad para este viaje no habían hecho falta tantas alforjas.
El origen del bloqueo para la renovación es, en primer lugar, un fraude de ley. Cuando el Senado decide que, como cámara autonómica, va a dar voz a las Comunidades Autónomas para que propongan sus candidatos, el PP no sólo no permite proponer nombres a sus secciones regionales (estoy seguro de que si hoy un periodista le pregunta a Ignacio Diego o al Ingeniero-Alcalde qué opinan de Enrique López su respuesta más probable será "¿Lo qué?") sino que impone dos únicos nombres, dos extremistas probados, para que así no haya tampoco espacio para una negociación en la cámara alta. La estrategia borroka, trazada por un tal Trillo Mandagüevos, tiene una segunda aviesa intención: si se impide la renovación durante el tiempo necesario, será un TC igualado con posibles inclinaciones hacia posturas conservadoras el que resuelva sobre algunos recursos del PP, permitiendo que los conservadores obtengan en el Constitucional lo que no pudieron ni en la calle ni en las Cortes.
La Estrategia Mandagüevos no ha resultado eficaz del todo. En primer lugar porque su único efecto evidente ha sido un desprestigio del Tribunal Constitucional del que le costará mucho tiempo y mucha filigrana jurídica salir (y con Hernando ahora y más que probablemente López en unos meses, lo del prestigio es misión imposible en doce años). En segundo, porque el TC ha sido incapaz en estos años de bloqueo de emitir sentencias sobre una buena parte de los recursos esperados (cinco años después seguimos sin conocer qué pasará con el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo) de tal manera que de poco ha servido mantener a cualquier precio el sesgo conservador, y de las sentencias emitidas algunas han mantenido un difícil equilibrio de esos que no contentan a nadie salvo a una buena parte de quienes los han analizado desde la perspectiva jurídica strictu senso y no desde la mirada política (como ha ocurrido con la traída, llevada y despedazada sentencia sobre la reforma del Estatuto de Cataluña).
El caso es que se han disparado las albricias políticas y mediáticas por el acuerdo para la renovación de los magistrados correspondientes al Senado, admitiendo el PP sumar a Hernando un nuevo candidato con su placet (con un perfil, por cierto y a priori, bastante más moderado). Y reservando a López para la próxima andanada, en la que sí será claro su cumplimiento de los requisitos legales.
¿Albricias? De momento, una parte de la estrategia popular ha triunfado: no se abre debate alguno sobre sus candidatos, aunque sí sobre los otros dos, para los cuales hay una larga lista de posibilidades (entre ellas la del Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, Luis Martín Rebollo). Por lo que se abre camino el modelo de negociación que ha caracterizado a los populares desde la victoria del PSOE en el 2004: "O tragas con lo que yo digo o tragas con lo que yo digo. Y si no, no firmo".
Y por otro lado ... ¿qué va a pasar con los magistrados propuestos por el Senado en próximas fechas? ¿van a tener una vida completa o se les van a restar los tres años de interinidad? Y si tienen vida completa ¿vamos a modificar el sistema de renovación por tercios?
No sé, me imagino que sería importante que el PP actuara de una forma más respetuosa con las instituciones y dejara de jugar a matón de patio. Porque en seguidita toca renovar a otros cuatro magistrados del Constitucional, y ya debería estar renovado el Defensor del Pueblo, entre otros importantes nombramientos que requieren mayoría cualificada y por tanto acuerdo al menos entre los dos principales partidos. Pero visto lo visto, eso es demasiado pedir.
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