EL CONSTITUCIONAL NO TIENE QUIEN LE RENUEVE

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Existen países en los que entre los engranajes fundamentales del funcionamiento democrático se encuentra la figura de la responsabilidad política. Se trata de un principio bien simple, que podríamos resumir en la idea de que los errores, engaños, desmanes y tropelías que se cometen en el ejercicio de un cargo público forman parte del propio ejercicio político se subsanan o castigan, salvo en lo referente a comportamientos especialmente torpes, con el cese del responsable en su actividad política. No suele resultarnos extraño tener noticia de que en determinados países ministros, gobernadores, parlamentarios y faunas varias dimiten al ser sorprendidos en actitudes o decisiones incorrectas o cuando menos cuestionables y de efectos perjudiciales.

Como ya nos dejó Fraga claro lo de que Spain is different, aunque desde nuestra clase política nos emiten a menudo eso de que tal o cual quisicosa queda para la "responsabilidad política", más bien parece que el pilar del sistema por estas barriadas es el de la irresponsabilidad política. Principio que también se puede enunciar con cierto desparparjo apuntando que "ocurra lo que ocurra en el ejercicio político, los profesionales de lo público seguirán adelante con la cara un poco más dura, más desfachatada, y repartiendo lecciones a diestra, siniestra y mediopensionista. O en efecto desaparecerán de los primeros planos de la actualidad para pasear sus lunes al sol con una sinecura más o menos apetecible en recompensa por los servicios prestados y como compensación, tal vez, por quién sabe qué silencios.

Toda esta filípica viene a cuento porque entre los frentes institucionales degradados y más cuesta abajo que la que transitaba por Buenos Aires sola, fané y descangashada hay uno que me preocupa y me cabrea más que la media.Y es el de la renovación del Tribunal Constitucional. Una renovación secuestrada por el Partido Popular, que continúa firme en su estrategia de llevar las peleas al barro al precio que sea, aunque ese precio sea obrar en fraude de ley o dinamitar las instituciones fundamentales del sistema, en un estilo kaleborroko que nada tiene que envidiar al original. Una estrategia que ha sido según parece diseñada nada más y nada menos que por uno de esos personajes que debería estar fuera de los círculos públicos después de su brillante gestión como Ministro de Defensa y en especial la del accidente del Yakolev: Federico Trillo. Pero ya es sabido que en la moral católica no hay mancha que no se lave con una charlita a media luz y siete avemarías.

Son muchas e importantes las cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse un Tribunal en el que cuatro de sus miembros llevan ya nada más y nada menos que tres temporadas de interinidad. Cuatro a los que se sumarán otros tantos este otoño. Ocho cesantes in pectore que habrán resuelto mejor o peor las encomiendas pasadas, que han participado de la imposibilidad de resolver otras por agendas o por tiempos, pero cuya presencia en la alta institución tanto tiempo después del fin de su mandato tiene sólo un efecto claro: la deslegitimación del mismo. Una deslegitimación que agitada por tirios y troyanos ha sido en parte responsable de la enfadada respuesta a su no mala sentencia sobre el Estatut. Y que suma enteros a cada día que pasa.

Es fácil entender por qué no hemos tenido renovación. El Partido Popular nunca ha sido capaz de digerir la derrota electoral de 2004, y obsesionada por la toma del poder, decidió una estrategia de pudrir o reventar toda transformación institucional pendiente hasta que estuvieran en condiciones de poder colocar peones fiables y dependientes, como lo serían sin duda y vista su trayectoria en el Consejo General del Poder Judicial Francisco José Hernando y Enrique López. Y puesto que la esencia de cualquier diálogo o negociación es que las partes en litigio cuenten con margen para ceder o recolocar, la base de la doctrina Trillo es clara: si entramos a la sala sin margen, al resto sólo le quedan la posibilidad de continuar con una situación indeseable y la del trágala.

Así, ante la idea de que las Comunidades Autónomas deben ser co-responsables de los magistrados propuestos por el Senado, según nuestra Constitución cámara de representación territorial, el PP nacional impuso a todos sus parlamentarios autonómicos la obligación de votar por dos únicos candidatos, Hernando y López, evitando que hubiera nombres con los que barajar repartos. Aunque esa decisión fuera en perjuicio del sistema y obligara a los pepés regionales a actuar en contra de su propia región.

Enrique López fue, junto con Luis Martín Rebollo, el nombre enviado al Senado por el Parlamento de Cantabria. Y sería divertido preguntar a Nacho Diego, o a Rodríguez Argüeso, o al Alcalde-Ingeniero De la Serna, parlamentario autonómico también, qué saben de Enrique López, o por qué tienen en tan poca consideración a los juristas vinculados a Cantabria como para no encontrar uno que merezca siquiera figurar entre los candidatos. Porque si esa es la actitud con la que observan los problemas de los cántabros, apaga y vámonos. Preguntarles por qué presentaron un candidato que no cumplía los requisitos legales para ser magistrado del TC. Pero así son ellos.

Recuerda estos días la prensa nacional la situación de crisis del Tribunal Constitucional y la peligrosa interinidad de otras instituciones fundamentales como la del Defensor del Pueblo. Recuerda que en los tejemanejes trilescos o trillescos de quienes deberían respetar más la dignidad de nuestras instituciones se miden perfectamente los intereses y los tiempos, y que se hacen cábalas con la posibilidad de que un TC interino reviente la reforma de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, o de que permanezca como Defensora del Pueblo en funciones per secula seculorum una ex-parlamentaria popular.

Y recuerda estos días mi blog, Un Santander Posible, la desvergüenza de robar a los parlamentos autonómicos, en claro fraude de ley, su capacidad para proponer nombres, el peligro de llevar las instituciones del estado a la fractura y de asentar la idea de que cuando se necesitan mayorías reforzadas que sólo pueden tener lugar con el acuerdo de los dos principales partidos, uno de ellos pueda esquivar la negociación y el pacto para practicar un indecente bloqueo. Porque como cunda el ejemplo, el TC sólo se renovará cuando la naturaleza imponga su ley y no queden magistrados.

Claro que Trillo tiene clara en su estrategia la que ha sido siempre la actitud del Partido Socialista Obrero Español en estas lides, la de la lealtad institucional. Así que bastaría con esperar un cambio de mayoría parlamentaria y un nuevo Gobierno para que los populares pudieran conseguir su objetivo de prostituir las instituciones para su servicio.