... Y EL POBRE MONTESQUIEU CON ESTOS PELOS

Perdida la crispación nuestra de cada día en otros menesteres más inmediatos pero seguro menos relevantes, creo que la ciudadanía, educada o no, no es del todo consciente (al menos no se la ve lo suficientemente escandalizada) de la tensión que en el sistema de garantías estatuido por la Constitución Española de 1978 y el corpus normativo que la desarrolla viene provocando el gallinero político en comandita, presidido y estimulado por los gallos del corral pepero-genovés.

Que Montesquieu era un inocentón de tomo y lomo al proclamar la necesidad de que los tres poderes del estado marcaran claramente sus fronteras de actuación lo aprendí a los tres minutos justos de empezar la apasionante y fructífera carrera de Derecho. Basta coger un periódico superficialmente para darse cuenta de que los sistemas occidentales se han venido ejecutivizando (perdón por el palabro), que pocos parlamentos serían capaces de oponerse a las decisiones gubernativas si el gobierno cuenta con mayoría suficiente (el Reino Unido y, sí, pásmense, los Estados Unidos, serían de higos a brevas refrescantes y escasas pruebas en contrario) y que los sistemas de acceso a los estamentos decisorios del Judicial andan siempre teñidos de salpicaduras políticas acá y acullá.

No es malo que los jueces tengan su posicionamiento político siempre y cuando sean capaces de administrar justicia desde una razonable imparcialidad. Y esta afirmación no es utópica. Recuerdo que en la carrera nos comentaban que en lo jurídico el tránsito del Fascismo (el de verdad, el de Mussolini) a la Democracia tras la Segunda no había sido excesivamente brusco: jueces formados en la democracia liberal de entreguerras habían aplicado con criterios abiertos leyes restrictivas; habían sido sucedidos por una generación de jueces formados en la Italia fascista que habían aplicado leyes liberales y sociales con criterios restrictivos, de manera que la evolución legal había sido aceptable y razonada a lo largo del tiempo. De igual manera, en la polémica sobre el Derecho al Aborto en Estados Unidos, en los últimos tiempos y hasta su jubilación, una Magistrada propuesta por Reagan y criticada en su momento como ultraconservadora, había sido el voto necesario para equilibrar la balanza en favor de las posiciones de defensa de los derechos de la mujer incluso en el controvertido acceso al aborto. Y eso, porque había sido capaz de enfrentar la racionalidad legal a sus propias convicciones.

Spain, Fraga dixit, is different. A un lado y a otro, pero más en el lado de siempre, nos encontramos con jueces funcionarios que no responden de sus excesos ante nadie, y cuyas meteduras de pata han de ser realmente solemnes para que se sancione incluso de manera leve. Y claro, aunque como en toda profesión y en toda selva social sé que abundan los hombres y mujeres que toman con seriedad y rigor su ejercicio jurisdiccional, hay cada friki con toga que pone los vellos como escarpias. En este momento, de hecho, hemos llegado a encontrarnos con un Presidente del Consejo General del Poder Judicial (con varios alegres adláteres como el Juez Raquero, digo, perdón, Requero) o dos Magistrados del Tribunal Constitucional que más parecen trabajar para el Partido Popular que para la Ley.

Los dimes y diretes ideológicos parecían hasta ahora limitados en parte por el necesario consenso a que las mayorías parlamentarias cualificadas, necesarias para los nombramientos, obligaban. Pero el PP de Zipli y Zapla decidió que los españoles les habían robado las carteras el 14 de marzo de 2004. Y que ya no jugaban.

Hasta ahora, se pactaban los nombres, se evitaban los más radicalmente ideológicos y se asumía que la mayoría parlamentaria tenía posibilidad de proponer un cierto sesgo favorable (siempre desde el rigor profesional y legal). Y así se hicieron las renovaciones durante el Aznarato. Pero ahora no. Visto que en el Parlamento español nadie les quiere, los peperos han optado por inventarse dos nuevas cámaras en las que intentan paralizar las decisiones legislativas de Congreso y Gobierno y provocar la quiebra del Estado de Derecho. Es más, llegado el momento de renovar CGPJ y TC, se enrocan, se niegan incluso a hablar de nombramientos y tratan de llevar a esa Ejpaña que tanto quieren a un colapso institucional con un poco de golpe de estado de cuarta regional y otro poco de macarra escolar.

Me preocupa que dos instituciones básicas del sistema se encuentren cada día en los medios convertidas en espectáculo de circo. Y eso, a pesar de la presencia en ambas de hombres y mujeres respetables, honestos y seguro que hoy terriblemente avergonzados de tener que poner cara humana a este carnaval. Como las dos chicas me caen bien, voy a citar como ejemplos de esa actitud elogiable a María Emilia Casas y a Elisa Pérez Vera. Pero podría citar a todos los Magistrados del Constitucional excepto a esos dos que han hecho del matonismo principio jurídico. Lean hoy en la prensa un poco sobre el incidente de tráfico de ese tal García Calvo, el que fue Jefe Provincial del Movimiento en Almería y hoy se atreve a opinar sobre nuestras libertades. Y saquen conclusiones.

Entre muchas otras cosas que le debemos los españoles a una oposición absurda, deshonesta e incomprensible del Partido Popular es el de haber dejado heridos de muerte, bajo sospecha, los dos más altos espacios de defensa de nuestros derechos, los que nos garantizan (¿garantizaban?) inmunidad ante las arbitrariedades o excesos de los otros poderes. Una función que, sin creer ni en hadas ni Reyes Magos, habían venido ejerciendo dentro de lo correcto. Pero una vez más ... ¿quién nos defiende de los que nos defiende? Y todavía más ... ¿quién nos defiende de los que se supone que defienden a los que nos defienden?

Esperemos que este problema, como tantos otros de orden institucional, fundamental, encuentren solución en un par de meses. Los españoles tendremos que elegir entre premiar el gamberrismo y la deslealtad constitucional o votar con cabeZa y coraZón en marZo.