VALORES FUERA DE CONVENIO

Una pregunta frecuente entre quienes nos creemos de verdad ese programa ético universal que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, completada a nivel global por los convenios de desarrollo y en los niveles regionales y locales por las respectivas proclamas (en el caso español el Título I de nuestra Constitución) es hasta que punto el poder está dispuesto de verdad a hacer suyos estos espacios inmunes frente al abuso y la arbitrariedad, en qué momento concreto decidirá quebrantarlos en favor de otros intereses y urgencias.

En España acabamos de vivir uno de esos episodios en los que lo particular se impone a lo universal, y la genuflexión ante el tiranuelo macarra (Putin, en este caso y de nuevo) se realiza con vergonzosa pericia vasalla. Se trata de la aprobación en comisión, en el Congreso de los Diputados, del convenio bilateral que deberá regular las adopciones españolas en Rusia, tras la paralización unilateral de los procedimientos realizados conforme a la normativa ahora vigente por un país obsesionado por la plaga interplanetaria que supone la homosexualidad. Y es que la Rusia de Putin, que es casi toda, lleva tiempo utilizando a los niños como mercadería primero para el ingreso de divisas pero también para el chantaje o la amenaza contra países que no hacen la vista gorda ante sus desafueros (hay convenios de adopción suspendidos que no tienen relación directa con la homosexualidad).

En España hay unas 160 familias que ya conocen al niño que les resultó asignado y que no pueden dar el paso definitivo por la suspensión de los acuerdos decretada por el gobierno ruso. Ojo, que se están dando cifras de 500, pero esas incluyen a quienes apenas habían iniciado los trámites o presentado una solicitud, y que por lo mismo podrían abrir su proceso de adopción internacional en otros países. Pero ciertamente, habría un problema generado por Putin y sus hordas con esas familias que ya tenían una gran parte del camino recorrida y estaban a la espera de la adopción final.

Vayamos por partes. En el Derecho Internacional se da por obvio que la adopción internacional se realiza conforme a la legislación del país de origen de los niños y no del de los adoptantes. Eso significa que las parejas del mismo sexo tienen vedada la opción en la inmensa mayoría de países que hoy abren la opción de la adopción internacional, y de la misma manera, no son muchos los países que permiten la adopción por parte de personas solteras. En el caso de Rusia, está claro que ni ahora ni antes se podía optar a la adopción por parte de las parejas de lesbianas o gais (quizás algunas rasgaduras de túnica podrían ser un poco melodramáticas en este punto), aunque si no recuerdo mal si era posible la adopción de solteros. El miedo de Putin y sus hijos a la propagación vírica de la homosexualidad suspendió el convenio (¿una represalia por las campañas internacionales contra los Juegos Olímpicos de la Homofobia Invernal de Sochi?) basándose en dos cuestiones. En primer lugar, se prohibiría el acceso a la adopción por parte de personas solteras ante el riesgo de que tras ellas pudiera haber un homosexual intentando pasarse de listo; en segundo, se intenta por parte de Rusia garantizar que el niño adoptado, una vez en España y una vez cerrada la adopción, nunca iría a parar a una pareja del mismo sexo o una persona lgtb. Es decir, que si el niño tuviera una mala experiencia y por alguna razón volviera al régimen de tutela pública (imaginemos el fallecimiento de los padres adoptivos sin más familia que se hiciera cargo o de retirada de la tutela por malos tratos o desamparo del menor), España se comprometería a que en ningún caso ese niño pasaría a una familia lgtb, incluso aunque fuera la mejor opción posible y las leyes españolas lo permitan (el niño sería ya español). Además, se abre un nuevo problema todavía más grave: en caso de fallecimiento de los padres adoptivos, si el único pariente dispuesto a hacerse cargo del menor, un tío o hermano, pongamos, fuera gay, solo o en pareja, el niño sería retirado de su familia para buscarle un nuevo acomodo, sin que sirviera con las nuevas normas apelar al bienestar e interés de un menor arrancado de su familia y de las personas con las que habría construido su entorno afectivo y de seguridad.

Si la ley y la costumbre internacionales nos hacen entender como lógico que un país imponga su legislación para dar en adopción niños y niñas sometidos a la tutela pública, el trágala que Putin está imponiendo a España tiene consecuencias perversas. La mayor de todas, creo, que se admite la inspección por parte de un país extranjero de los procedimientos y leyes españolas, incluso cuando afecten ya a un ciudadano español (el niño, una vez adoptado, lo sería), una tutela entiendo que inadmisible y probablemente ilegal. Además, el ejercicio de esa tutela extranjera lo sería apelando a unas reglas homofóbicas, excluyentes y discriminatorias, que claramente contradicen no ya la legislación común española, sino que son una carga de profundidad contra los propios valores sobre los que se levanta el edificio constitucional: ¿De verdad resistiría este convenio una demanda ante el Tribunal Constitucional apoyada en el artículo 14 -y algunos más-?

Nadie ha votado en contra del texto del convenio en la comisión. El PP se ha congratulado, CiU ha buscado disculpitas recordando que defienden los derechos de las personas lgtb y que estamos hablando de otra cuestión, el PSOE ha votado igualmente a favor "con reservas" (o sea, que ha votado a favor con gestos de ursulina ofendida, pero a favor), IU y UPyD ante las implicaciones expuestas se han abstenido (o sea, que con aires parecidos a los del PSOE, prefieren no votar que no pero en vez de un mohín hacen dos). 

Pero sí estamos hablando "de eso", sí estamos hablando de conquistas importantes en las que nuestro país ha sido ejemplar. Personalmente tengo mis dudas de que "el interés del menor" invocado por el diputado socialista que protagonizó la defensa del sí sea de aplicación en este caso, y más de que sea un valor que deba imponerse a los derechos fundamentales y valores superiores del ordenamiento. 

Sé que no va a pasar, pero si el objetivo de esta quiebra de la legalidad constitucional era dar solución a los intereses de esas 160 familias, creo que España debería concretar esos trámites (ni uno más), dejar que las adopciones de esos 160 niños y niñas rusos llegue a buen puerto e inmediatamente denunciar el convenio y suspender, esta vez desde aquí, una norma que no es de recibo. Sé que no va a pasar, pero también me gustaría que esas 160 familias fueran plenamente conscientes del precio y menoscabo que la dignidad de muchas personas está sufriendo con la búsqueda de ese arreglo que complazca a la criminal homofobia de estado rusa, me gustaría verlas juntas, reconociendo ese precio, mañana, y pasado mañana, en la defensa de la igualdad y los derechos de las personas lgtb y más todavía ahora que del gobierno popular no se espera nada que no sean pasos atrás. Pero sé, qué triste, que tampoco eso va a pasar, que si tenemos que salir de nuevo a la calle saldremos, como antes, esencialmente solos. Porque, ya lo han dicho los de CiU, todos nos quieren muchísimo (menos el PP), pero "no se trata de eso".