LOS ADALIDES DEL MINORITY REPORT

¿Os acordáis de "Minority Report"? Una película de acción protagonizada por Tom Cruise que en su planteamiento inicial nos acercaba a un interrogante moral de no poco calado. En efecto, Cruise vive (y es policía) en un mundo en el que los crímenes son predecibles y se detiene a los "criminales" antes de que lo sean, antes de que tengan la oportunidad de infringir la ley. ¿Puede la ley limitar derechos "por si acaso"? ¿damos por sentado que el espíritu humano es incapaz de hacer uso de su libertad, de su capacidad para decidir? ¿cuántos de los encerrados en aquel oscuro mundo no por lo que habían hecho sino por lo que podrían intentar hubieran decidido en el último momento no delinquir?

Pienso mucho en Minority Report estos días, relacionándo la película, claro, y sus interrogantes con el asunto de BILDU y, una vez más, los discursos anti-sistema y manipuladores del pp que sigue prefiriendo jugar en aguas turbias y campos embarrados, calentando a través de sus líderes más bocas y de sus medios más fanáticos los instintos más bajos y elementales. Para obtener a cambio un rédito electoral y un poder que se configura por sí mismo como objetivo único. Sin programas, sin valores, sin razones. Y sin parar mientes en la fractura y la violencia que están provocando en la sociedad española.

No me gusta la Ley de Partidos. No me gusta ahora ni me ha gustado nunca. Sobre todo porque creo que la ley ha de ser universal y no crearse "ad hoc" contra un grupo concreto (¿cumplen los mínimos democráticos el Frente Nacional o Plataforma por Catalunya? ¿El pecado de no condenar con suficiente énfasis y convicción la violencia debe abarcar también a quienes no condenan la dictadura franquista e incluso se refieren a ella como un tiempo plácido?) sino porque siempre he estado convencido de que cuando hablamos de los derechos fundamentales debemos ser exquisitos. Pero me gusta mucho menos que se siembre la sospecha con un móvil tan bastardo como el del propio beneficio. Incluso económico en determinados casos.

Que a partir de esa ley, la decisión judicial no es fácil, lo demuestra la división del Tribunal Constiucional (con una sentencia afinada y ponderada que me temo no se ha leido un solo dirigente popular), esa división que tanto ofende a Rajoy y sus huestes. Pero también la idéntica división del Tribunal Supremo, esa que no importaba tanto porque la ajustada mayoría favorecía en este caso la restricción de los derechos conforme a los deseos populares.

Lo que no me parece de recibo una vez más es el griterío con el que se cuestiona el propio entramado institucional, se hieren las bases mismas del sistema constitucional y se trata de universalizar la máxima de que las instituciones o los votantes sólo aciertan en sus decisiones cuando hacen seguidismo milimétrico a los no siempre limpios deseos del pp. Y no es ya que no me parezca de recibo, sino que me parece peligroso un discurso que pretende la anulación de los derechos fundamentales (el derecho al sufragio, el derecho a la participación política, el derecho de asociación) sin pruebas que no sean cuando menos endebles y opinables, exigiendo una condena por nada, una condena preventiva contra lo que a lo mejor hacen en el futuro los de Bildu. Y sin que valga de nada para atenuar tamaño atentado contra el principio de legalidad que los estatutos de Bildu se ajusten a derecho, que formen parte del proyecto dos partidos sobre los que no ha habido sospecha alguna de cooperación con los terroristas a los que se extiende la peste por contagio.

No comulgo con Bildu y preferiría que cualquier voz capaz de justificar la miseria moral de los terroristas y de esa parte de la sociedad que les ha venido dando cobertura estuviera, por decisión de los electores, lejos de las instituciones. Pero no puedo evitar preocuparme por quienes empiezan a sacar las garras y prefieren condenar sin pruebas y sin delitos. Como los que han estado llamando asesinos a los candidatos de Bildu, cometiendo un delito impune por el momento, de calumnias: acusar de un delito falsamente a quien no lo ha cometido. Que demuestren Esperanza Aguirre o Mayor Oreja que quienes figuran en las listas de Bildu han matado a alguien y a partir de ahí se actúe. O que la fiscalía cumpla con su papel y se querelle contra los que han decidido convertirse en "presuntos" delincuentes.