EL PROBLEMA NO ES EL OPUS

Tras muchos años en los que la llamada Doctrina Trillo mantuvo al Tribunal Constitucional Español bajo un auténtico asedio terrorista, hace unos meses el Senado primero y el Congreso de los Diputados después fueron capaces por fin de alcanzar un acuerdo de mayoría suficiente para renovar los cuatro y cuatro magistrados constitucionales cuyo nombramiento corresponde a cada una de las cámaras parlamentarias.

Este largo e indecente proceso de regulación ha incorporado algunas novedades particularmente repugnantes a la ya de por si más bien fétida praxis política española. La primera de ellas, que conforme a las reglas del juego actualmente vigentes, uno de los partidos mayoritarios puede jugar a ser el gamberro del patio, romper toda posibilidad de acuerdo y tratar de imponer condiciones leoninas de tal manera que o se admiten sus faroles o todo el entramado institucional corre peligro. Eso ocurrió cuando el Partido Popular decidió proponer dos nombres especialmente problemáticos, uno de los cuales además no cumplía siquiera los requisitos legales para ser magistrado constitucional. De seguro, con un nombre duro sobre la mesa y otro más neutro, más de consenso, se hubiera llegado al acuerdo. Pero la jugada diseñada por ese capitoste de la moral macarra que es Federico Trillo consistía precisamente en provocar el enfado del resto de participantes en el proceso para impedir que el Tribunal Constitucional se renovara en tiempo y esperar a unas elecciones en las que la composición de las cámaras resultara más favorable para sus intereses y les fuera posible convertir al vigía de la Constitución en una suerte de tercera cámara muy conservadora y muy debida a sus patrones genoveses. De entrada, la jugada fue parcialmente exitosa, ya que hoy el TC cuenta con un nombre más de los que hubiera correspondido a propuesta del PP.

Una segunda novedad. Por primera vez entra en el Tribunal Constitucional (y ya hablaremos del Defensor del Pueblo) un político profesional, un miembro de esa casta que se perpetúa en las mieles del poder y que salta de asiento en asiento, de responsabilidad en responsabilidad, sin cesar nunca en el ejercicio del privilegio y tantas veces (no es por cierto el caso de Andrés Ollero) sin que se les conozca actividad o mérito profesional alguno. Y es que en efecto, Andrés Ollero Tassara, uno de los cuatro magistrados recientemente incorporados a la institución por decisión del Congreso, ha sido durante muchos años diputado en esa misma cámara, dentro de las filas del Grupo Popular. Primero como militante del PDP / Democracia Cristiana fundado por Óscar Alzaga, y más tarde como miembro de plena derecha, perdón, de pleno derecho, del Partido Popular.

Uno, que perdió hace ya mucho tiempo la inocencia y que sabe perfectamente quiénes son los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar, si no recuerdo mal) no va a caer a estas alturas de la película en la ingenuidad del Montesquieu que exigía al juez que actuara como boca muda de la ley. La ley tiene demasiados recovecos, demasiadas lagunas, demasiadas ambigüedades; la ley viaja por el tiempo a un ritmo mucho más lento del que la vida acostumbra. Y tal vez sea bueno que así sea. El juez es el intérprete de la ley, y el juez constitucional es el intérprete de la ley constitucional. Por otro lado,, y de nuevo vuelvo a la ausencia de ingenuidad y los conocimientos sobre magias reales, tampoco voy a imaginar un juez inmaculado, un juez criado, crecido y formado en una burbuja de pureza normativa, sin ideas, ni conceptos ni creencias propias. De hecho, me espantaría la existencia de un juez así. Los jueces todos y los jueces constitucionales lo son también con su bagaje humano, con su experiencia, su vida, su corazón, su mente.

Pero sí debemos exigir al juez en general y seguramente con mucha mayor exigencia al juez constitucional la capacidad para elaborar argumentos jurídicos, para construir sus resoluciones lo más lejos posible del prejuicio. Y en este sentido me parece muy importante que podamos confiar, por poco que sea, en que son los razonamientos técnicos y no los meramente políticos y axiológicos los que marcan la tarea del Tribunal Constitucional. De hecho, así ha venido siendo, y en general las sentencias emitidas lo han sido con una calidad técnica notable incluso en asuntos tan polémicos como el del famoso Estatut. Nos gusten más o menos los resultados. O demuestre el tiempo que fue un error y un horror la solución hallada (qué a gusto volveríamos al tiempo en el que el TC dijo que el escaño era propiedad del diputado y no del partido para suplicarles de rodillas que no abrieran el camino a tantos tránsfugas y corruptos).

Andrés Ollero, a quien por cierto conocí personalmente hace tiempo, es muchas cosas. Es un académico correcto, catedrático de Filosofía del Derecho, con publicaciones bien trabajadas a veces, cierto es, más flojas y poco objetivas cuando afectan a cuestiones relacionadas con los ámbitos morales. Es miembro del Opus Dei. Y no va a ser nuevo para nadie recordar que una de las esencias de tal organización es la de promover un estilo de vida cristiano ultraortodoxo dentro del mundo para influir y cambiar las estructuras sociales y políticas. Ollero es también una persona con una larga trayectoria política.

Y desde ese perfil, muchos medios, partidos y organizaciones de la sociedad civil piden ahora a Andrés Ollero que se abstenga (o en caso contrario sea recusado) por la influencia que puede tener en ciertas decisiones del TC su militancia opusina, al hacerse público que por herencia de las carpetas pendientes de Elisa Pérez Vera le correspondería redactar la propuesta de fallo sobre la ley del aborto, la ley de plazos, promovida desde el gobierno de Rodríguez Zapatero y aprobada con amplio consenso social y parlamentario del que quedó fuera, como de costumbre, el PP.

¿Sería igual el clamor si Ollero procediera de la judicatura y por no ser un personaje de tamaña proyección pública se ignorara su pertenencia al Opus? ¿Incapacita la pertenencia a un determinado grupo religioso para ejercer con dignidad la función jurisdiccional? No lo creo. O al menos no debería ser así. De hecho, en buena medida creo que la amplia penetración del Opus en la judicatura, la universidad o la sanidad lo es en no poca medida por haber medido con cierta prudencia los puntos de encaje de dos extremos, la fe y la responsabilidad profesional. Sin dejar de evidenciarse que en algunos de los temas más comprometidos de la agenda social y política contemporánea se suele perder esa capacidad para integrar ambas dimensiones. En todo caso, creo que se puede ser ultraconservador, hasta ultrarreligioso, y ser un magistrado responsable en el Tribunal Constitucional y una aportación positiva a debates y sentencias. Porque en una sociedad plural en la que el diálogo es, debiera ser, el instrumento esencial de convivencia también legal e institucional, no es malo que el TC sea un organismo plural y permita que se escuchen voces diversas.

A mí me preocupa mucho más su historial político. Creo que quien ha sido durante tantos años parte del incendio difícilmente puede formar parte de las brigadas de bomberos, que quien ha sido integrante activo del ruido y de la crispación, del sectarismo y de la edificación de los cimientos de esa casta aberrante que nos gobierna, desde la implicación permanente en la disputa social y política escuchando solo los propios argumentos, sordo siempre para las razones de los otros, no es capaz, no va a ser capaz, de mudar la piel y transformarse en un árbitro razonablemente técnico, razonablemente objetivo. De hecho, por sus palabras a la prensa en estos días, ni siquiera parece ser consciente de su dificultad para razonar de manera transparente y técnica, lo que por ejemplo le diferencia de otro ultraconservador e integrista religioso, Hernando, ingresado en el turno del Senado, procedente de la judicatura, que sin embargo motu proprio se ha abstenido en el recurso del Partido Popular contra el matrimonio igualitario, por ser consciente de que es un caso que ya prejuzgó cuando promovió el informe no solicitado del CGPJ sobre la reforma del Código Civil. Tal vez salve a Hernando su condición de juez y su entendimiento de que hay caso en los que un juez debe abstenerse para no enturbiar ni cuestionar el procedimiento y la resolución. Por todo ello, eso no dejo de sentirme estupefacto ante la petición del PSOE de que Ollero se abstenga. Porque Ollero, a mi modo de ver, nunca debería haber accedido al Tribunal Constitucional, ni para juzgar el aborto, ni para juzgar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni para caso alguno cualquiera. No tanto, voy a insistir, por sus creencias religiosas por ultramontanas y manipuladoras que sean, como por su militancia política sistemática durante muchos, muchos años.

El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, y cualquiera otra de las instituciones que velan o deberían velar por el cumplimiento de la legalidad, que protegen a los ciudadanos frente a las desviaciones del poder, que ejercen una labor de control, de arbitraje, de corrección, no deberían, NO deberían, caer en manos del turno de colocación de los gerifaltes de los partidos, de los viejos elefantes que se le han ido cayendo a la casta a las orillas del camino. 

Claro que es un problema, y va a seguir siéndolo, que Andrés Ollero forme parte del Constitucional. Pero el problema no es, al menos no solo, su pertenencia al Opus Dei. Hay fallas mucho más graves, mucho más grandes, mucho más peligrosas.