EL CONCEJAL GÓMEZ Y LAS ORDENANZAS CÍVICAS

Va a ser difícil que alguien recuerde en Santander a un concejal responsable del ramo que se haya tomado la molestia de entrevistarse, reunirse, analizar, debatir, intentar comprender la realidad concreta de muchos ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la capital con nuestros perros. Y que nos comportamos de forma responsable a pesar de que los papeles muertos de un Ayuntamiento empecinado en generar ordenanzas absurdas que, como ya he explicado varias veces, premian la irresponsabilidad y el maltrato y se niegan a buscar soluciones por elementales que sean. Va a ser difícil entre otras cosas porque para los populares que gobiernan Santander, en diversas formulaciones nominales, desde los tiempos del Auriñacense la participación ciudadana es una entelequia que tiene como única función facilitar una foto, muy de tarde en tarde, para algún alcalde necesitado de portadas por falta de obras. Eso sí, cuando la sociedad participa y expone sus razones, suelen enfadarse las más de las veces o sacudirse el problema con una faena de aliño y bostezo como la que Antonio Gómez, portavoz del equipo de gobierno santanderino, ha tenido a bien regalarnos tras la Manifestación/Paseo reivindicativo del último domingo de febrero.

Nos cuenta Gómez que no hay afán recaudatorio alguno en las renovadas sanciones, porque es una simple actualización del catálogo, único aspecto de las ordenanzas que ha cambiado, y porque en otras ciudades las multas son mayores. Nos cuenta Gómez igualmente que la única misión de las traídas y llevadas ordenanzas es garantizar la convivencia.

No nos cuenta, sin embargo, que esas ciudades que propone como ejemplo de multas más elevadas que las santanderinas cuentan, al contrario que la capital cántabra, con horarios delimitados y con diversos espacios a lo largo de la ciudad donde se permite que los perros estén sueltos (siempre bajo control, por supuesto), y hasta facilitan parques con equipamientos para la práctica del Agility y otros deportes y juegos que ayudan a la educación y correcto crecimiento de los perros, así como al fortalecimiento de los lazos sociales con sus amos, con otros perros y con el resto de los ciudadanos. Eso sí que es fomentar la convivencia y los comportamientos cívicos. No nos cuenta, tampoco, la importancia de la partida de los presupuestos municipales que anuncia los previstos "ingresos por multas". Una partida que ya anuncia de por sí el afán recaudatorio y que al elevar notablemente su cuantía obvia la intención de la corporación de elevar a su vez el número de sanciones y la cuantía de las mismas para tapar otras vergüenzas y corregir la disminución de ingresos en otras partidas.

No le parece bien al concejal Gómez siquiera una pequeña reflexión sobre las necesidades concretas de los perros, valorar por qué es más grave según sus particulares percepciones pasear con un perro por la playa que abandonarlo (abandonar un animal supone riesgo para la circulación, riesgo para los viandantes, evidentemente esos excrementos que según parece oyendo a ciertos ciudadanos y a ciertos concejales inundan por montañas las plazas santanderinas, y sobre todo es un maltrato indecente y tiene una víctima clara en el propio animal). Tampoco nos cuenta por qué es cívico multar a quien venda sin la oportuna licencia animales en mercados o tiendas (totalmente de acuerdo) pero el ayuntamiento no hace una sola campaña tendente a controlar la población de mascotas, ni una sola medida educacional que fomente la esterilización y limite la cría y venta irresponsables en domicilios particulares fuera de todo control higiénico o sanitario. No nos explica por qué en los pliegos de condiciones para gestionar la perrera no se incluye como condición la realización de campañas de adopción, ni la deseable política de sacrificio cero, ni al menos la obligación de facilitar el trabajo a las asociaciones protectoras en lugar de impedirles el acceso de forma arbitraria cada vez que por so o por arre se enfada la empresa adjudicataria del servicio de recogida de animales.

Queda claro, pues, que hay intención recaudatoria y que no hay trabajo cívico alguno en el articulado de las ordenanzas. Queda claro también que no gusta la participación ciudadana. Y queda claro también que ha sido salir a la calle los propietarios de perros para pedir soluciones y no represión y encontrar una respuesta clara del Ayuntamiento: el recrudecimiento de la persecución en las cercanías de las playas santanderinas. Ahí sí que hay aprendizaje ciudadano para la convivencia: como se te ocurra protestar, te vas a enterar de quién manda en Santander.